18:31 08/05/02
ARCHIVADO EL CASO DEL "HACKER DE INTERIOR"
El juez dice que el 'hacking' para conseguir contraseñas no es delito
Mercè Molist
El juzgado número 2 de Lorca (Murcia) ha sobreseído el caso del hacker que intentó entrar en la web del Ministerio del Interior, robando dos ficheros desde una dirección de Hotmail, en 1998. Después de meses de investigación, la Guardia Civil detuvo a Daniel Ortíz Cano, de 22 años. La semana pasada se daba a conocer la sentencia, que considera no probada la culpabilidad del joven y afirma que robar contraseñas no es ni tan sólo delito.Todo empezó en junio de 1998, cuando el servidor web de Interior fue víctima de un "ciberbombardeo", según el informe que el ministerio mandó a los medios: "Se han venido produciendo ataques sistemáticos al servidor corporativo de Interior, lo que puede llevar a la conclusión de que se trata de un ataque coordinado y masivo para hacerse con el control de la máquina". Al mismo tiempo, alguien intentaba robar los archivos /etc/host y /etc/passwd del sistema. Pero, según la sentencia, nunca existieron ni el robo ni el bombardeo.
Además, afirma el juez Antonio Alcázar Fajardo, si alguien se hubiese llevado los ficheros no sería delito, por no haber en el servidor "información legalmente calificada como secreta, relacionada con la seguridad nacional, ni datos reservados de carácter personal". Como hizo en su día el juez del caso !Hispahack, Alcázar destaca que "las conductas de mero "hacking" o acceso a los sistemas informáticos, perpetrados con la única finalidad de acceder al "password" o puerta lógica, no son actualmente constitutivos de delito".
Por último, dice la sentencia, el testimonio aportado por el subsecretario del Ministerio del Interior, Leopoldo Calvo-Sotelo, "reconoce que el ataque se produjo en una web de libre acceso, que a través de ella no se podía entrar en las bases de datos y que, de haber tenido éxito, no hubiese pasado de una simple gamberrada". A Daniel Ortíz, se le acusó de descubrimiento y revelación de secretos, penado con cuatro años de prisión. Según Carlos Sánchez Almeida, abogado de la defensa junto a Ramón Quiñonero, "fue todo un montaje del que se aprovecharon algunos responsables políticos".
La familia ha denunciado repetidamente la desproporción de las intervenciones judicial y de la Guardia Civil. Nueves agentes registraron su casa y la fianza costó medio millón de pesetas, se queja el padre: "Tuvieron a mi hijo incomunicado una semana en una habitación de cinco metros cuadrados, sin ventana, sólo porque su teléfono empezaba por 9684. Nos han hundido psicológica y socialmente. El chico tuvo que irse del pueblo para encontrar trabajo. Y, al final, resulta que no había ni pruebas, sólo buscaban un cabeza de turco".
Sentencia
http://www.bufetalmeida.com/sentencias/interior.htm