18:25 06/08/02
GRAN BRETAÑA ABRE LA VEDA PARA LA VIGILANCIA DESDE LOS ISPs
M.M.
Siguiendo las directrices de la polémica Regulation of Investigatory Powers Act, más conocida como "ley RIP", a partir del 1 de agosto los Proveedores de Servicio Internet (ISP) británicos con más de 10.000 usuarios deben estar preparados para interceptar correo electrónico, faxes y datos de navegación de sus clientes, cuando se lo pidan las fuerzas de la ley. Las críticas de los propios ISPs durante los últimos meses no han sido escuchadas.Según la ley, el proveedor debe aportar los mecanismos para la interceptación a partir de un día laborable desde el momento en que se le avise, debe asegurar la vigilancia de todas las comunicaciones y datos relacionados en tiempo real, sin ambigüedades y de forma fiable, permitiendo que sólo se filtren los datos de tráfico asociados a la denuncia presentada por las autoridades. El proveedor debe además poder vigilar simultáneamente a diversos clientes (1 de cada 10.000), sin que se enteren, y que el resultado de la interceptación sea auditable.
Según denunciaba Suresh Ramasubramanian en la lista de correo Politech, "los críticos aseguran que la ley tiene muchos fallos. Primero, la Oficina de Interior no ha dicho aún a los ISPs cómo se les compensará por poner en marcha la interceptación y el almacenamiento de los datos. Más significativamente, al referirse la ley al terrorismo y crimen organizado, se aplica sólo a grandes proveedores. Cualquiera que quiera evitar la vigilancia necesita encontrar un ISP con menos de 10.000 clientes".Nueva ley en Suiza
Según informa BBC, en Suiza será obligatorio para los proveedores grabar y guardar durante seis meses, como mínimo, todos los mensajes de correo que envíen sus usuarios, bajo una nueva ley que amplía la ya aprobada en el año 2000 y que entrará plenamente en vigor el 2003. Hasta ahora, los proveedores suizos guardaban la fecha, el emisor y el destinatario de todos los correos que pasaban por sus máquinas.Aunque con la nueva ley no se grabará el contenido, sí se amplían los datos a monitorizar, lo que ha provocado las críticas de los defensores de la privacidad, quienes aseguran que los criminales usarán cuentas en otros países para evitar la vigilancia. Otra preocupación es qué sucederá con los datos, pasados los seis meses. El gobierno se ha desentendido, dando la responsabilidad de borrarlos a los proveedores. Éstos se han quejado por el alto coste de las tecnologías necesarias para la interceptación, que ha puesto en peligro la supervivencia de los más pequeños, quienes piden que el gobierno pague la inversión.
The Regulation of Investigatory Powers (Maintenance of Interception Capability) Order 2002
http://www.hmso.gov.uk/acts/acts2000/20000023.htm