EL FISCAL PIDE EL INDULTO PARA LOS PRESUNTOS 'HACKERS' DE TARRAGONA
 

Mercè Molist
El juicio de los dos jóvenes acusados de delitos contra la propiedad intelectual y revelación de secretos, utilizando medios informáticos, se cerró la medianoche del miércoles, después de siete horas de maratonianas declaraciones en el Juzgado de lo Penal número 4 de Tarragona. El ministerio fiscal, única parte acusadora ya que los afectados habían renunciado a la denuncia, acabó pidiendo el indulto para los presuntos 'hackers'. Destacaron en el juicio el ambiente de amistad entre las partes y la gran cantidad de cámaras siguiendo los hechos.

J.H.R., de 24 años, y J.D.M., de 23, fueron los primeros detenidos en España por presunto 'hacking' (intrusión en redes informáticas), en mayo de 1997, cuando estudiaban primero en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universitat Rovira y Virgili (URV). Se les acusaba de ataques en ordenadores de diversas universidades, el Centre de Supercomputació de Catalunya, el congreso INETCAT'96, una empresa de Canarias, la red ciudadana TINET y el Registro Mercantil de Tarragona, además de presunta venta de discos compactos (CD's) copiados ilegalmente. Aunque la URV, la única en dar la voz de alarma, retiró la denuncia, el fiscal asumió la acusación, pidiendo tres años de prisión y multas de 20 y 22 meses para J.H.R., y 15 meses de multa y dos años y siete meses de prisión para J.D.M..

Manuel Sanromà, representante de la URV, aseguró ante la juez que los hechos habían sido sólo "una gamberrada": presuntamente, pintar cuernos a las fotografías de profesores, espiar exámenenes, copiar contraseñas o buscar información sobre libros en la biblioteca de la Universidad de Valencia. Sanromá calificó la actuación judicial de "desproporcionada", aunque avisó que "estamos ante una nueva figura, la del 'hacker', que hay que tomar en serio porque puede ser potencialmente delictiva, ya que el poder de los sistemas informáticos es tremendo".

Los acusados negaron los hechos y también ser 'hackers'. J.D.M., que ha seguido estudiando en la universidad, aseguró haber hecho sus primeras declaraciones presionado por la Unidad de Delitos Informáticos de la Guardia Civil: "Nos habían vigilado, pinchado el teléfono y venían expresamente de Madrid. ¡Imagínese! Sugirieron que si colaboraba podría trabajar con ellos y que ya me llamarían". Jaime Duque, uno de los abogados defensores, se quejó asimismo de esta unidad de la Guardia Civil que "bajó desde Madrid para montar una bomba de humo. Se hicieron la foto de rigor con ordenadores y disquetes en los que no había nada y ninguno de ellos está hoy aquí para explicar cómo fue la investigación previa".

La debilidad de las pruebas e imprecisiones del sumario fueron también destacadas por los péritos, tanto de la defensa como del fiscal, quienes improvisaron una clase de informática y redes para aclarar a la juez que Microsoft no es un programa sinó una empresa o que Linux es un sistema operativo de libre uso y no una herramienta de 'hacking'. En cuanto a la presunta entrada al Registro Mercantil de Tarragona, se precisó que "era un sistema en pruebas, con información pública". Tres años y 6 horas después de aquella mañana del infausto curso 96/97 en la URV, el fiscal del estado, único denunciante contra los presuntos 'hackers' de Tarragona, admitía en su alegato final que "todos los testigos han quitado hierro al asunto" y concluía por tanto "demandar el indulto, si hay condenación".